La iniciativa, financiada por el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) 2026 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, permitirá implementar un laboratorio dinámico e integrado en la comunidad para generar evidencia científica orientada a mejorar la infraestructura pública en territorios de montaña,fortaleciendo la eficiencia energética, la adaptación climática y la toma de decisiones basada en datos.
Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA), de la Universidad de Chile, se adjudicó el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) 2026 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y su Honorable
Consejo Regional, para ejecutar el proyecto “Living Lab Altoandino: Innovación para infraestructura adaptativa de altiplano”, una iniciativa pionera que busca generar conocimiento científico aplicado para enfrentar los desafíos de habitabilidad y eficiencia energética en el altiplano chileno.
El proyecto contemp
la la intervención de los internados del Liceo Granaderos de Putre y de la Escuela de Visviri, establecimientos que cuentan con sistemas de calefacción geotérmica desarrollados previamente por la Universidad de Chile. Sobre esa base, la iniciativa incorporará mejoras en la envolvente térmica de los edificios e implementará una infraestructura de monitoreo científico permanente que permitirá evaluar, en condiciones reales de operación, el desempeño de los sistemas energéticos, el comportamiento térmico de los edificios y las variables ambientales propias del territorio altoandino.
A diferencia de una intervención convencional de infraestructura, este proyecto transformará ambos establecimientos en un Living Lab Altoandino, es decir, un laboratorio dinámico donde la infraestructura pública funcionará como una plataforma de investigación aplicada, generando información continua para validar tecnologías, optimizar diseños y desarrollar modelos específicos para zonas de alta montaña.
Para el director del CEGA, profesor titular del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Diego Morata, esta adjudicación representa un paso relevante para consolidar el aporte de la investigación aplicada al desarrollo regional. “Este proyecto demuestra cómo la ciencia puede responder a desafíos concretos del territorio. No solo buscamos mejorar la infraestructura de dos establecimientos, sino generar conocimiento que permita orientar futuras inversiones públicas en zonas de alta montaña y condiciones climáticas extremas, aportando soluciones basadas en evidencia para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia una infraestructura más resiliente”, explica.
Por su parte, la directora de la iniciativa, Linda Daniele, destacó que el proyecto permitirá validar tecnologías en un entorno único desde el punto de vista científico. “El Living Lab Altoandino nos permitiráestudiar el comportamiento conjunto de los edificios, los sistemas geotérmicos y el entorno natural bajo condiciones extremas de altura. La información obtenida será fundamental para desarrollar modelos específicos para el altiplano chileno y fortalecer la toma de decisiones en materia de infraestructura pública.”
Uno de los componentes centrales será la implementación de una plataforma de monitoreo permanente, que recopilará información ambiental, energética y operacional de los establecimientos intervenidos.
“Instalaremos una red integrada de sensores que monitoreará continuamente el comportamiento térmico de los edificios, el desempeño del sistema geotérmico y las condiciones ambientales del territorio. Esta información será procesada y validada para transformarse en evidencia científica útil para investigadores, organismos públicos y futuros proyectos de infraestructura”, explica Diego Aravena, investigador del CEGA y docente de la Universidad de Atacama, investigador principal del proyecto que generará una base de datos inédita para el país.
Además de beneficiar directamente a estudiantes, docentes y comunidades educativas de Putre y Visviri, la información generada estará disponible para apoyar la planificación del Gobierno Regional, municipios, el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro y otros organismos públicos vinculados al desarrollo territorial.
En esa línea, la Coordinadora general del proyecto, Bárbara Bravo, destacó el carácter articulador de la iniciativa y su impacto más allá de los establecimientos intervenidos. “Si bien nuestra principal motivación es dar respuesta a las necesidades térmicas de las y los estudiantes que hoy sufren el frío propio de esta zona extrema, nuestro desafío es que este proyecto trascienda las obras físicas, para construir un modelo de colaboración entre la academia, los servicios públicos y el territorio, donde el conocimiento generado se tran
sforme en herramientas concretas para diseñar infraestructura pública más eficiente, resiliente y replicable en todo el altiplano chileno. Esa es nuestra visión de la ciencia aplicada y la innovación energética al servicio de la calidad de vida de los territorios vulnerables”, señaló, explicando que la iniciativa también contempla un importante componente de transferencia tecnológica, mediante el desarrollo de protocolos, modelos de simulación, herramientas para la toma de 
decisiones y actividades de difusión orientadas a facilitar la replicabilidad de esta experiencia en otros establecimientos y territorios altoandinos.
Tras la adjudicación del financiamiento de $310.000.000 millones por parte del FRDP para 21 meses de ejecución, los equipos del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, junto al de la Universidad de Chile iniciarán durante las próximas semanas las gestiones administrativas y técnicas necesarias para dar comienzo a la ejecución del proyecto, incluyendo el diseño de las intervenciones, la adquisición del equipamiento científico y la coordinación con las instituciones regionales y locales involucradas.
Con este proyecto, que junto al aporte UChile completa $325.600.000 de inversión, la Región de Arica y Parinacota avanza hacia la consolidación de un modelo de innovación territorial donde la infraestructura pública no solo responde a las necesidades actuales de sus comunidades, sino que también genera conocimiento estratégico para orientar futuras inversiones regionales basadas en evidencia científica.
